Por Soledad Zárate, coordinadora del Programa Instituciones Políticas

En 2015 tuvo lugar el proceso electoral más largo y complejo desde 1983. A lo largo de casi 52 semanas se celebraron 40 elecciones. Se eligieron autoridades nacionales, provinciales y municipales. Salvo en algunos casos puntuales, no hubo grandes inconvenientes y las elecciones ocurrieron con normalidad.

No fue el caso de la provincia de Tucumán, donde luego de la elección a gobernador debió intervenir la Corte provincial para revocar una medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había ordenado la nulidad de la elección e impedía la proclamación de los electos, tras una denuncia de fraude de la oposición política. En la provincia de Santa Fe luego de la elección primaria hubo denuncias mediáticas de fraude debido a irregularidades en el escrutinio provisorio. En la provincia de Santa Cruz, ley de lemas mediante, ganó la gobernación un candidato que obtuvo menos votos que el candidato opositor.

En la elección nacional, en tanto, se reavivó la polémica debido a la demora de la Dirección Nacional Electoral en dar a conocer los datos del escrutinio provisorio, pero el inconveniente en contraste con lo ocurrido en algunas provincias fue menor.

Estos sucesos tienen algo en común: salvo el último caso, todos ellos ocurrieron en el nivel subnacional, bajo jurisdicción de las provincias.

La caja de pandora: el federalismo electoral

El federalismo argentino implica la coexistencia de al menos dos regímenes electorales diferentes. Por un lado, el nacional (en este orden los ciudadanos elegimos al presidente, diputados y senadores nacionales). Por el otro lado, los 23 regímenes provinciales más el de la ciudad de Buenos Aires, cada uno con sus particularidades. Esto quiere decir que aunque hay un único régimen de nivel nacional, cada provincia sanciona y se rige por sus propias reglas electorales, que pueden ser –y en efecto lo son- diferentes en cada una de ellas.

En uso de su autonomía las provincias pueden definir desde el instrumento con el cual votan (sea este boleta única, voto electrónico o boleta partidaria), la fecha en la que realizan su elección, las reglas de conformación de la oferta electoral (si hay ley de lemas, si se permiten las colectoras, entre otras) hasta el modo en que se financia la actividad política (aunque la mayoría de las provincias no posee hoy una ley de financiamiento propia).

En este sentido, la reforma política anunciada por el gobierno nacional encuentra una limitación en el federalismo electoral, ya que cualquier modificación que introduzca la ley que impulsa el ejecutivo solo tendrá efectos a nivel nacional. Aun cuando en los hechos los problemas durante el proceso electoral 2015 hayan ocurrido mayoritariamente en otro plano, el provincial.

Para generar mejores condiciones de equidad y transparencia electoral no basta con una reforma de la ley nacional. La clave radica en lograr también el compromiso de las  provincias.

Algunos gobernadores como los de las provincias de Corrientes, Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Jujuy, San Juan o Chaco han manifestado en la apertura del año legislativo su intencionalidad de avanzar en la sanción de un reforma política, pero en la mayoría de los casos la reforma se limitaría a modificar el sistema de votación.

Desde CIPPEC creemos que la voluntad de las provincias de promover cambios en materia electoral es atinada, pero que la agenda de debate no debería omitir algunos temas centrales como: la prohibición de los sistemas de lemas y cualquier otra práctica de  apoyos múltiples que confundan al elector, el establecimiento de reglas de verticalización de las alianzas, la redefinición de reglas de financiamiento de la política con especial énfasis en la limitación del uso de recursos públicos con fines proselitistas, el establecimiento de una fecha fija de elecciones, y un sistema de votación en el cual sea el Estado (en lugar de los partidos) el que garantice que el elector pueda encontrar todas las opciones electorales dentro del cuarto oscuro.