Los procesos electorales argentinos necesitan reformas que mejoren la calidad de su organización y control.

Una meta central de estas reformas reside en promover la igualdad de condiciones en la competencia y en ofrecer mayor seguridad para todas las agrupaciones en la supervisión de los comicios. También se requieren reformas que inhiban la proliferación de agrupaciones y simplifiquen la oferta electoral. Esto permitiría un voto más informado así como también mejorar la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y evitar las consecuencias negativas del comportamiento legislativo de los representantes electos. Se dieron pasos importantes en los últimos años para poner un coto a la fragmentación partidaria pero la regulación electoral, aun después de la reforma de 2009, es muy permisiva.