Por Josefina Mignone, coordinadora del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC

Las provincias argentinas tienen autonomía para definir sus propias reglas electorales, y esta característica del federalismo argentino se refleja en la manera en que se financian los partidos políticos y las campañas electorales en el interior del país.
Una revisión de las constituciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra que en 6 de ellas (Córdoba, Buenos Aires, CABA, Río Negro, Salta y Entre Ríos) se establece explícitamente que es el Estado el que debe sostener económicamente a los partidos y en algunas más (como Jujuy, Santa Cruz, La Rioja y Tierra del Fuego) existe la obligatoriedad de rendir cuentas respecto del origen y destino de los fondos partidarios.
Sin embargo, desde el año 1983 a la fecha, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero han sancionado un régimen de financiamiento de las campañas electorales. La provincia de Buenos Aires, que concentra el mayor porcentaje del electorado argentino (37%) no tiene una ley de financiamiento.
Las leyes provinciales de financiamiento electoral tienen diferencias entre sí. Todas prevén un sistema mixto de financiamiento (público y privado), pero existen variaciones en las restricciones y en los montos máximos establecidos para estas contribuciones. Lo mismo sucede con el financiamiento público.
Las diferencias también se presentan en la regulación de los plazos de campañas electorales, los topes de gastos y las restricciones a la difusión de la propaganda oficial y la realización de actos de gobierno. Tampoco hay criterios comunes sobre la rendición de cuentas y mecanismos de control.. Respecto de los regímenes de sanciones, existe un denominador común y son las sanciones pecuniarias y administrativas.

Esta breve radiografía de los sistemas de financiamiento de los partidos y las campañas electorales en las provincias abre una serie de interrogantes respecto de la circulación del dinero en la política: si en la mayoría de los distritos el dinero de las campañas no se declara ni se controla, ¿de dónde viene ese dinero? ¿en qué y cómo se gasta? ¿estas condiciones no facilitan la captación de dinero proveniente de actividades ilícitas? ¿cómo podemos emitir un voto informado si no sabemos cómo se financian las campañas electorales?
En un contexto en el que la reforma electoral nacional está a la espera de ser tratada en el Congreso y en donde varias provincias están manifestando su interés por seguir este camino, se presenta una nueva oportunidad para abrir la discusión sobre el dinero en la política. Los partidos políticos necesitan recursos económicos y financieros para desarrollar sus actividades y competir en elecciones, pero para eso se requieren reglas claras que generen condiciones propicias para la transparencia y equidad electoral. La solución no es seguir el modelo nacional (porque este también presenta problemas) sino debatir en base a la experiencia comparada y buscar, entre todos los actores involucrados, puntos de consenso que alienten un sistema que corrija estas falencias.