Por Soledad Zárate y Josefina Mignone, coordinadoras de Instituciones Políticas de CIPPEC

Dos acontecimientos recientes, de significado político distinto pero ambos de alto impacto, volvieron a poner la lupa sobre la participación de las mujeres en los poderes del Estado. Uno fue la jura de Horacio Rosatti como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El otro fue la presentación ante el Congreso del proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno. Se trata de temas esencialmente diferentes pero que comparten el mismo interrogante: ¿dónde están las mujeres?

En el año 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 222 por medio del cual se estableció un nuevo mecanismo de designación de jueces para la CSJN. Ese decreto dispuso que la inclusión de nuevos miembros debía reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional. Así fue como Carmen Argibay se convirtió en 2004 en la primera mujer nominada por un gobierno democrático para integrar la Corte. Luego llegó el nombramiento de Elena Highton de Nolasco.

La Corte tiene cuatro miembros y tres de ellos son hombres: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y el mencionado Rosatti. El quinto integrante, Carlos Rosenkrantz, jurará en agosto. Highton de Nolasco, por su parte, posiblemente sea la próxima en dejar el cargo, al cumplir los 75 años que establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 como edad límite para ejercer la magistratura, sin  un nuevo nombramiento.

En el Congreso

¿Qué pasa en el Congreso? El 29 de junio el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de reforma política. La propuesta plantea modificaciones sobre varios temas, pero en lo que respecta al acceso de las mujeres a cargos electivos mantiene el actual sistema de cuotas o pisos mínimos. Este sistema establece que las listas de candidatos a diputados nacionales deben estar integradas por al menos un 30% de mujeres en posiciones con posibilidades de resultar electas, y que para los candidatos a senadores nacionales, las listas deben estar conformadas por dos personas de distinto sexo.

Otros países han avanzado más allá de la cuota de 30%. En los últimos años Ecuador (2008), Bolivia, Costa Rica (2009) y México (2014) han adoptado una regla que iguala la representación de hombres y mujeres en un 50-50 (la llamada paridad). También en el Congreso argentino existe una decena de proyectos de ley en estado parlamentario, de distintas fuerzas políticas, que promueven la adopción de esa regla.

El problema del acceso de la mujer a cargos de decisión excede el contexto del Congreso o de la Justicia. Según un estudio de Cippec, la presencia femenina en puestos de decisión políticos en la administración central del Poder Ejecutivo ha aumentado en el tiempo, pero aún es débil: desde 1983, el porcentaje de mujeres en los principales cargos (ministerios, secretarías y subsecretarías) pasó de un 4% (1983) a un 22% (2016).

Este escenario muestra que hay todavía una necesidad de discutir la participación de las mujeres en los poderes del Estado.