La reforma electoral que no miramos
Por María Page, coordinadora del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC
El voto electrónico suena tan “moderno” que se roba toda la atención. El furor de la polémica por las máquinas de votar deja poco espacio para discutir otras piezas de la reforma electoral propuesta por el gobierno que, menos rutilantes, podrían producir mejoras importantes en funcionamiento de las elecciones. Entre los cambios menos excitantes se destacan dos que apuntan a fortalecer a los partidos y darle opciones más claras y transparentes a los votantes: las PASO por agrupación y la eliminación de las listas colectoras.
Las PASO por agrupación produjeron el rechazo inmediato de cada casi todo el arco político y fueron descartadas casi sin discusión a pesar de que tenían varias ventajas: seguían facilitando la formación de frentes; moderaban la intervención en la autonomía de los partidos; y le presentaba a los votantes las opciones de una manera más transparente (cada elector elegiría primero la agrupación o acuerdo electoral en cuya primaria quisiera participar, y luego sólo se le presentarían las listas internas de ese espacio).
El fundamento esgrimido para el rechazo fue pobre. Se redujo a que el cambio limitaba el derecho de los ciudadanos a elegir los ¿candidatos que los partidos pueden postular? En Estados Unidos la misma discusión terminó cuando la Corte Suprema dictaminó que permitir que un mismo votante participe en la primaria de partidos distintos es inconstitucional. Obligar a los afiliados de un partido a asociarse con personas ajenas (e incluso adversas) a la organización para definir a sus candidatos viola la libertad de (no) asociación.
El otro cambio importante es la eliminación de las listas colectoras. El recurso de las colectoras, acoples, adhesiones, es de sobra conocido. Ocurre cuando, por ejemplo, una candidatura a presidente aparece en varias boletas distintas acompañada de diversas listas legislativas de partidos diferentes. La maniobra es otra excentricidad electoral argentina que perjudica de varias maneras el derecho a elegir y ser elegido.
En el primer caso porque la oferta se vuelve muy difícil de leer para los votantes. Las opciones se multiplican de manera espuria (si partidos distintos comparten la misma boleta ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿son propuestas distintas? ¿o la misma propuesta con distinto nombre?) y las diferencias entre gobierno y oposición se desdibujan (los partidos que no son oficialistas pero son colectoras de un candidato oficialista ¿de qué lado están? ¿cuál es su agenda?).
También son malas para el derecho a ser elegido porque generan desigualdad entre los candidatos (los que atraen más colectoras ocupan más lugar en el cuarto oscuro que los que mantienen alianzas consistentes); debilitan a los partidos (fragmentan hacia las categorías inferiores tanto como colectan hacia arriba) y facilitan la cooptación de los líderes de oposición. Incluso afectan la gobernabilidad, porque es improbable que esos acuerdos tácticos que no se extienden más allá de la boleta puedan ser la base de una coalición de gobierno.
De concretarse la prohibición de las colectoras el impacto en la trasparencia de la oferta y la capacidad de los partidos para contener la competencia interna sería enorme. Especialmente porque el proyecto propone extender la regla a las elecciones provinciales y municipales en caso de simultaneidad. Puede que el cambio no apasione ni venda, pero haría que en 2017 las elecciones funcionen mucho mejor.