El Ejecutivo Nacional acaba de emitir un decreto que cambia las reglas para armar las boletas electorales y elimina las listas colectoras. Desde ahora, cada agrupación puede aparecer en una sola boleta y sólo pueden compartir boleta las agrupaciones que tengan la misma denominación, salvo cuando no presenten candidatos para todos los cargos y siempre que medie un acuerdo expreso. Además, las agrupaciones que no compartan boleta en las PASO ya no podrán hacerlo en la elección general. El oficialismo dice que el cambio ayudará a ordenar la oferta electoral y presentar opciones más claras para los votantes. Están en lo cierto.

La oposición cuestiona el cómo. Se omite la regla constitucional que establece que las reformas electorales se hacen por ley especial para asegurar acuerdos amplios; se hace a último momento cuando el armado electoral ya está en marcha; y, para peor, el cambio parece tener nombre y apellido porque desbarata el armado del peronismo en la provincia de Buenos Aires. También tienen un punto. La discrecionalidad, la imprevisibilidad y el particularismo afectan la transparencia y la equidad de la competencia política y lesionan la confianza pública en el proceso electoral. No sería extraño que el caso termine en la justicia.

Si tenemos esta discusión a esta altura del año electoral es porque desde hace más de una década se ha evitado discutir sobre el elefante en la habitación: la oferta electoral es caótica y opaca porque todo vale a la hora de formar alianzas. Las reglas que hoy tenemos sobre partidos y alianzas fueron pensadas cuando el PJ y la UCR dominaban la arena electoral. Esos dos sellos podían contener la competencia interna y coordinar una estrategia electoral nacional porque por fuera de ellos no había candidaturas viables. Habiendo partidos, no se necesitaban muchas reglas. Ahora, los partidos ya no son lo que eran, pero las reglas permanecen igual. Formar un partido es muy fácil: por eso tenemos 637. Participar en las elecciones nacionales también: somos es el único país de la región donde un partido que existe en una sola provincia puede participar en elecciones nacionales. Los partidos pueden formar alianzas distintas para cada cargo y en cada provincia, de modo que partidos que son socios para la categoría presidente pueden luego competir entre sí para los cargos legislativos. Incluso, hasta ahora, agrupaciones diferentes podían compartir la misma boleta para “colectar apoyos”. En las provincias, además, las opciones se multiplican artificialmente por los lemas (Formosa, Misiones, Santa Cruz), las colectoras (La Rioja, Salta, Entre Ríos), los acoples (Tucumán) y las listas espejo (en Neuquén o Corrientes).

Estas tácticas son permitidas por la ley y han servido para ganar elecciones. Sin embargo, en el proceso, se vulneran derechos políticos, se profundiza el deterioro de los partidos y se compromete la gobernabilidad. Para los votantes las opciones son indescifrables al punto de que en muchos casos es difícil diferenciar oficialismo de oposición. Las fuerzas políticas se debilitan porque es más fácil competir por fuera del partido en una colectora que someterse a una interna o negociar los lugares en una lista. Como la táctica es sumar de todas partes, después de las elecciones el gobierno queda con un contingente legislativo dudosamente propio y la oposición demasiado fragmentada como para funcionar como interlocutor o contrapeso. También se complica la coordinación entre niveles de gobierno porque las fuerzas políticas que actúan en la nación, las provincias y los municipios nunca coinciden.

La reforma electoral que introdujo las primarias en 2009 buscaba justamente contener este caos. Las PASO obligaban a definir las alianzas con mucha antelación e impedían la formación de nuevos acuerdos para la elección general. También se eliminaron las candidaturas múltiples y las listas espejo. Sin embargo, en 2011 (también 60 días antes de la oficialización de alianzas) un Decreto del PEN habilitó las colectoras al permitir que agrupaciones que habían competido entre sí en la PASO compartieran boleta en la elección general mediante apenas un acuerdo de adhesión. Se abría así una nueva ronda de alianzas de facto después de las PASO. El proyecto de reforma electoral que el ejecutivo envió al Congreso en 2016 (y acaba de perder estado parlamentario) intentaba ordenar la oferta mediante el diseño de las pantallas de voto electrónico, sin tocar la ley de partidos. El Decreto que ahora nos ocupa modifica aquél de 2011. Mientras se siga evadiendo la discusión sobre las reglas para formar partidos nacionales y alianzas, nada impide que en la próxima elección presidencial otra decisión ad hoc del Ejecutivo vuelva a cambiar las reglas.

Para romper este círculo vicioso de conductas oportunistas necesitamos fijar reglas claras. La ley electoral tiene que garantizarle al elector opciones que se entiendan y a los partidos condiciones equitativas y reglas previsibles para competir. Hay que impedir que los partidos puedan ser socios para unas categorías o en una provincia y a la vez contrincantes en otras. También hay que eliminar las adhesiones y en las provincias los lemas, las colectoras, los acoples, las listas espejos y cualquier maniobra destinada a confundir a los electores y a fomentar el faccionalismo y la división. La discusión genera muchas resistencias porque requiere que líderes y partidos políticos modifiquen prácticas arraigadas, que las provincias se comprometan con el cambio y que se redistribuya poder hacia quienes dentro de cada espacio podrían liderar un armado nacional. Pero seguir conviviendo con el elefante no es inocuo: perjudica los derechos a hacer un voto informado y a competir en igualdad de condiciones, la capacidad de los partidos para agregar y canalizar demandas y apoyos, la posibilidad de estabilizar coaliciones que sean representativas y que sirvan para gobernar y la confianza pública en las elecciones.

Por María Page, investigadora asociada de Instituciones Políticas de CIPPEC.