Por María Page, coordinadora del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC

Los principales referentes de los partidos que integraron la alianza Cambiemos en 2015 se reunieron días atrás en Olivos para coordinar el armado electoral con vistas a las elecciones legislativas de este año. Después del encuentro, el radical Ernesto Sanz dijo que “ahora viene en 2017 un desafío enorme que es el de transformar lo que antes fue un frente electoral y parlamentario en una sólida coalición política”. En una extensa entrevista publicada esta semana, Jesús Rodríguez coincide.

Ambas declaraciones remiten a un dilema práctico con el que los líderes políticos de nuestro país conviven hace años: al momento de competir en las elecciones se hacen todo tipo de acuerdos con tal de sumar votos de propios y ajenos, pero cuando toca gobernar, ese armado electoral oportunista complica la formación de coaliciones de gobierno y de oposición.

El aprieto surge de una combinación que se está revelando muy perniciosa: partidos débiles y leyes laxas. Si las alianzas electorales son cada vez más enrevesadas y volátiles es porque los partidos están muy debilitados. Cuando el PJ y la UCR dominaban la arena electoral, esos dos sellos podían contener la competencia interna y coordinar una estrategia electoral nacional porque, por fuera de ellos, no había candidaturas viables. Como había partidos, no se necesitaban muchas reglas. Por eso, formar partidos es muy fácil (hoy existen 650) y prácticamente no hay restricciones para hacer alianzas distintas para cada cargo y en cada provincia.

Ahora, casi sin reglas y con partidos débiles el armado electoral se desbanda. En 2015 sólo el FPV mantuvo la misma alianza para la categoría presidente y legisladores nacionales en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La alianza Cambiemos se mantuvo en 17 provincias para los cargos legislativos y en el resto algunos de los socios se combinaron con fuerzas locales. En las elecciones de gobernador, los miembros de Cambiemos compitieron entre sí en Santa Fe, ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta. En Jujuy compartieron su candidato con Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

En las provincias las combinaciones se multiplican por los lemas (en Formosa, Misiones, Santa Cruz), las colectoras (La Rioja y Salta son casos notorios), los acoples (en Tucumán) y las listas espejo (en Neuquén o Corrientes).

Dado que el problema es estructural, seguramente este año veremos más consistencia en el armado de Cambiemos (porque el oficialismo tiene más herramientas para disciplinar) y unas combinaciones más erráticas en los acuerdos de la oposición.

El resultado es malo por donde se lo mire. Los votantes quedan confundidos ante unas opciones electorales que son indescifrables.  Los partidos se debilitan porque es más fácil competir por fuera en una colectora que por dentro de las organizaciones (donde hay que someterse a una interna o negociar y compartir los lugares de la lista con los socios). La gobernabilidad termina comprometida porque después de las elecciones el gobierno tiene un contingente legislativo dudosamente propio (se pone en duda con cada decisión) y la oposición está demasiado dividida como para funcionar como interlocutor o contrapeso. Y todo por una forma de hacer alianzas que alienta el faccionalismo, que divide en lugar de agregar.

Desde CIPPEC proponemos cambiar los incentivos. La ley tiene que garantizarle al elector opciones que se entiendan. Hay que impedir que los partidos puedan ser socios para unas categorías o en una provincia y a la vez contrincantes en otras. También hay que eliminar las adhesiones y, en las provincias, los lemas, las colectoras, los acoples, las listas espejos y toda maniobra destinada a confundir a los electores y eludir la competencia interna.

El cambio genera muchas resistencias en el oficialismo, en la oposición y entre los líderes provinciales porque la experiencia muestra que esta forma de “construir” ha sido muy eficaz para ganar elecciones. El problema es que no sirve para gobernar.