Por Soledad Zárate, coordinadora de proyectos del Programa Instituciones Políticas

La paridad de género tiene dos medias sanciones en el Congreso de la Nación, pero como se trata de dos proyectos de ley diferentes, no tenemos aún una ley nacional. La convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional constituye una nueva oportunidad para que se apruebe una ley que garantice legalmente la igualdad en las condiciones de acceso al ejercicio del poder político para cargos legislativos nacionales.

(Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016) La regla de paridad de género cuenta hoy con dos medias sanciones en el Congreso de la Nación. En la Cámara de Diputados se incorporó la demanda luego del debate en comisión del proyecto de reforma política (la paridad no estaba en el texto original enviado por el Poder Ejecutivo Nacional) y obtuvo media sanción en octubre pasado.

El mismo día, al calor de una multitudinaria marcha bajo la consigna #NiUnaMenos, el Senado aprobó casi por unanimidad la paridad de género como mecanismo para constituir las listas legislativas.

Sin embargo, se trata de dos proyectos de ley diferentes. Por eso, aun no tenemos una ley nacional.

La convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 1194/2016) constituye una nueva oportunidad para que se apruebe una ley que garantice legalmente la igualdad en las condiciones de acceso al ejercicio del poder político para cargos legislativos nacionales.

Puesto que el próximo es además, un año electoral, resulta clave obtener la media sanción faltante cuanto antes.

La democracia se fundamenta en la convicción de que todas las personas tienen el mismo derecho a intervenir en los asuntos públicos pero si esto no ocurre naturalmente, el Estado tiene la responsabilidad de mitigar esa distorsión. La Argentina es un país pionero en materia de cupo femenino, pero todavía las mujeres sufren una fuerte discriminación en el acceso a cargos legislativos, así como en otros poderes del Estado.

La paridad en la conformación de las listas equipararía las oportunidades de las mujeres para acceder a posiciones de poder dentro del Congreso Nacional y, además, resultaría ejemplificadora para otras provincias, municipios o cualquier otra actividad de índole pública o privada donde las mujeres cuenten con menos oportunidades.

Sancionar una norma que establezca la paridad es avanzar hacia una democracia más inclusiva, cimentada en un paradigma de igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la razón primordial por la que apoyamos este debate y por la que creemos que esta regla debe ser incorporada al sistema de representación política.