Por María Page, Coordinadora del Programa Instituciones Políticas de CIPPEC

Algunas escenas de la elección de 2015. En Santa Cruz, Eduardo Costa fue el candidato más votado (41,6%) pero, ley de lemas mediante, Alicia Kirchner (34,42%) resultó electa gobernadora. Gildo Insfrán, reelecto por quinta vez consecutiva, aparecía en 54 de las 78 boletas formoseñas. En Jujuy, Gerardo Morales ganó “colectando” votos por arriba y por abajo: tuvo varias listas legislativas y municipales y compartió boleta con Sergio Massa, Mauricio Macri y Margarita Stolbizer. En Neuquén el oficialista Gutiérrez compitió por cinco partidos distintos y ganó. En Tucumán, 50 de los 80 acoples entre los que tuvieron que optar los votantes apoyaban al oficialista y vencedor Juan Manzur.  En Salta, donde se usa el voto electrónico, tanto Juan Manuel Urtubey como Juan Carlos Romero fueron acompañados en cada departamento por varias listas “de adhesión”.

Vale todo. Todas estas desconcertantes situaciones ocurren porque las reglas para el armado electoral son muy laxas. En la mayoría de las provincias se pueden sumar apoyos casi sin restricciones y conformar alianzas distintas según convenga para cada cargo y cada distrito.  Así, donde hay ley de lemas -Santa Cruz, Formosa y Misiones- cada partido o alianza puede presentar varias listas (sublemas) y dirimir su propia interna en la elección general. También es habitual que los partidos que forman una alianza para la categoría gobernador luego presentan listas separadas que compiten entre sí para los cargos legislativos y municipales pero se “adhieren”, “acoplan”, o “colectan” votos para el candidato a gobernador de la alianza en distintas boletas. O no se molestan en formalizar una alianza y directamente “comparten un candidato” mediante listas espejo, donde los mismos candidatos compiten por diferentes partidos. Además, en cada elección los socios cambian.

Economía política de los apoyos múltiples y las alianzas cruzadas. El negocio es más o menos así: el candidato a gobernador suma apoyos por dentro y fuera de su partido sin tener que negociar la conformación de listas para otros cargos. Las fuerzas que adhieren al candidato a gobernador o lo comparten esperan ser “arrastradas” – aumentar sus chances de recibir votos por aparecer con él la boleta o pantalla-. Además, mediante el arrastre los partidos “sello” (sin vida organizativa ni caudal electoral propio) logran los votos necesarios para sobrevivir. Los confundidos electores tienen que dirimir la interna el día de la elección general y optar entre un mar de boletas o de pantallas. 

Impacto en los derechos políticos. Las opciones electorales están infladas y son tan enrevesadas que es muy difícil emitir un voto informado y la rendición de cuentas se vuelve imposible. La competencia es desigual porque quien tiene más lemas, adhesiones o espejos aparece en más boletas, ocupa más lugar en el cuarto oscuro y capta más recursos del financiamiento público. Además, como las listas que adhieren buscan ser “arrastradas”, los candidatos oficialistas (sobre todo si se trata del gobernador o el intendente en ejercicio) siempre logran captar más adhesiones.

Divide y reinarás, pero ¿cómo? Hay, además, un impacto en la gobernabilidad. Las adhesiones funcionan como un mecanismo de cooptación de la oposición porque para el oficialismo es fácil tentar a otras fuerzas con el arrastre de los candidatos del gobierno. Al mismo tiempo, debilitan al partido del vencedor porque suman para el candidato a gobernador en la misma medida en que fragmentan hacia abajo. Cuando llega la hora de gobernar, la fragmentación en las legislaturas deja al partido de gobierno con un bloque dudosamente propio y al resto de las fuerzas demasiado dispersas como para construir una coalición opositora.

El problema es el debilitamiento de los partidos. Estas maniobras se transformaron en “la” forma de armado electoral porque los partidos están tan debilitados que no logran contener la competencia interna. Es que el éxito del partido ya no es condición para el desarrollo de las carreras políticas individuales. Más eficaz resulta buscarse un lugar donde calienta el sol. Sin partidos nacionales fuertes, cada líder provincial tiene libertad para armar su estrategia electoral. Entonces en cada distrito se empiezan a explorar creativamente las infinitas posibilidades que ofrece la diversidad de reglas propia del federalismo electoral argentino. Esta forma de hacer política es el síntoma más evidente del debilitamiento de los partidos.

La reforma política que el gobierno nacional, las provincias y los partidos comenzaron a discutir no atiende el problema. Abandonar el sistema de boletas por partido, rediseñar la autoridad electoral, darle previsibilidad al calendario son todos cambios necesarios que, dependiendo de cómo se realicen, pueden ofrecer mayores garantías para las elecciones. No obstante, no mitigan los efectos de la debilidad de los partidos en la calidad de las elecciones. Es evidente que no se puede fortalecer a los partidos a través de una reforma electoral. Pero sí se puede, en cambio, establecer normas que regulen la construcción de las alianzas y la presentación de candidaturas de modo que la oferta electoral sea más ordenada y transparente. Para esto, no basta con una reforma de la ley nacional. Se requiere, además, un compromiso de las provincias para eliminar la ley de lemas, prohibir toda otra forma de apoyo múltiple (colectoras, adhesiones, acoples, espejo, sumatorias, etc.) y verticalizar las alianzas (que los partidos deban mantener las mismas alianzas en todas las categorías y a través de los distritos). Sin embargo, por ahora, de eso no se habla.