Un juicio justo para las PASO
Por María Page, investigadora asociada del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC
Las PASO fueron controversiales desde su origen. Ya mientras el Congreso debatía la reforma que las introdujo en 2009, se las acusó de ser proscriptivas; conllevar una intromisión excesiva en la vida interna de los partidos; buscar dividir y desgastar política y económicamente a la oposición; y resultar injustificadamente onerosas para el Estado y cansadoras para los votantes.
En cambio, los promotores sostenían que eran una intervención justificada por objetivos difíciles de cuestionar: fomentar la democracia interna de las agrupaciones; alentar la restructuración del debilitado sistema de partidos; y ofrecer opciones electorales más claras a los votantes.
A casi ocho años de la reforma y cerca de su cuarta edición, hay información suficiente para juzgar a las PASO por sus efectos en los partidos, las opciones electorales y el comportamiento de los votantes.
En cuanto a la democratización interna, el efecto es limitado. En primer lugar porque, en general, las organizaciones prefieren evitar la competencia presentando listas únicas. Dado que el alineamiento es más fácil de conseguir para los oficialismos que para la oposición, como ocurrirá este año, la competencia es más frecuente en el campo opositor. Por otra parte, todavía es fácil eludir las PASO corriendo con un sello por fuera del partido de origen, porque las reglas para formar partidos y alianzas y presentar candidatos son muy permisivas.
Con todo, las agrupaciones transitaron un proceso de aprendizaje y adaptación. En 2011 no hubo competencia para presidente pero, en 2015, Cambiemos, UNA y el FIT eligieron sus candidatos presidenciales en primarias con competencia. Para diputados, compitieron una de cada diez agrupaciones en 2011; una de cada cuatro, en 2013; y una de cada cinco, en 2015. Este año, a pesar del impacto mediático que causan la división del PJ en Buenos Aires y la de Cambiemos en la Ciudad, la información oficial sugiere que habrá niveles de competencia similares a los de 2013.
El efecto más evidente de las PASO es la reducción en la cantidad de partidos y alianzas que compite en la elección general. La elección de 2015 fue la que contó con menos listas de presidente y de diputados nacionales desde 1983. Esto se explica porque las PASO fomentan las alianzas entre los que temen no pasar del umbral y facilita la asociación entre quienes, si se juntan, tienen chances de ganar.
Por un lado, el piso de 1,5% de los votos para acceder a la elección general alienta la formación de alianzas para evitar la descalificación (el ejemplo más consolidado es el FIT). Luego, el umbral filtra a los postulantes sin un caudal mínimo de votos.
En el otro extremo, las PASO permitieron articular alianzas muy competitivas. El caso de Cambiemos en 2015 no puede pasar inadvertido: de mínima, medir a los referentes de cada partido en las urnas de las PASO ayudó a que cada socio aceptara como justa la distribución interna de los lugares de poder.
Con partidos tan debilitados que ya no ofrecen información relevante sobre qué representan ni qué programas promueven, las PASO brindan pistas que ayudan a los votantes a decidir. Por eso, en 2011, 2013 y 2015 hubo alguna concentración del voto opositor después de la PASO: sabiendo cómo se distribuían los apoyos, una porción de los votantes hizo una opción estratégica en la general. Además, los votantes no parecen cansados de votar en las primarias: las PASO tienen un muy alto nivel de aceptación y una participación similar a la de las elecciones generales.
Si las PASO generan algo de espacio para la competencia interna; ayudan a los partidos a construir alianzas y ofrecer a los votantes opciones más depuradas y comprensibles; y les permiten a los ciudadanos a orientarse mejor en un mapa político desdibujado. ¿Queremos, de todos modos, condenarlas? ¿No sería mejor hacerlas cumplir?
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